Iniesta

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El artículo 16 de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos de la ley”.
La normatividad jurídica internacional también considera como delito grave revelar datos personales sin consentimiento de su titular.
Sin embargo, en México a las autoridades no les importa violar leyes porque su poder político las ampara de cualquier acción legal en su contra.
Para muestra, un botón. El pasado 3 de julio, durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, exhibió los ingresos que percibieron entre 2020 y 2024 periodistas y colaboradores de Latinus, como parte de las investigaciones contra dicha empresa.
Se supondría que la UIF indagaría los recursos públicos recibidos por empresas que financian Latinus, pero fue más allá, al punto de obtener información personal de los periodistas.
Incluso, Pablo Gómez aclaró que los comunicadores, como es el caso de Carlos Loret de Mola, no formaban parte de la demanda que la dependencia interpuso contra Latinus por delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Si no existe denuncia contra Loret y otros comunicadores en la investigación, por qué se revelaron sus datos personales, en clara violación a sus derechos constitucionales.
Pablo Gómez, con la venia y seguramente exigencia de López Obrador, exhibió una tabla con los pagos que recibieron entre 2020 y 2024 varios periodistas y colaboradores de la citada empresa.
La lista inicia con las cerezas del pastel: Loret de Mola recibió un pago total de 11 millones 927 mil 036 pesos y Víctor Trujillo "Brozo" de 9 millones 522 mil.
En la lista también aparecen Lorenzo Córdova, Fernando del Collado, Jesús Silva Herzog Denise Dresser, María Scherer, Guillermo Sheridan y Bárbara de Regil.
La difusión de los datos confidenciales de los comunicadores, en particulares de Loret y Brozo, seguramente responde a que ambos personajes son los principales protagonistas de los cuestionamientos al gobierno de la 4-T y la ventilación de audios que revelaron el presunto involucramiento de los hijos de López Obrador en actos de corrupción.
Pese a lo que diga en su defensa el Presidente, la difusión de dicha información es una clara venganza contra los periodistas y una muestra de la bajeza de un gobierno que se dice democrático.
Si fuera más inteligente este gobierno, el primer recurso al que debió recurrir es el legal porque las comunicaciones privadas son inviolables y la ley sanciona penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas.
La intervención y difusión de los audios en los que se involucra a los hijos de López Obrador en actos de corrupción son ilegales, salvo que un juez autorice dicha acción si atenta contra la seguridad nacional. ¿Será?
La reacción de Latinus fue inmediata y en un comunicado respondió al gobierno mexicano que en la empresa “no hay sobres amarillos, ni mucho menos recursos de procedencia ilícita. El origen y destino de nuestros flujos financieros se ha manejado por vías legales.”
Con concordancia con la empresa, Loret de Mola dijo que “se confirma una vez más que a AMLO no le gusta la crítica ni que evidencien a su familia y por eso intenta desaparecer a Latinus. Sin embargo y pese a la persecución emprendida por el mandatario en contra nuestra, seguiremos cumpliendo con nuestra labor de investigación al costo que sea.”
Este caso demuestra que en México las leyes son violadas, pero no por la gente común y corriente, sino por los que tienen el poder político y económico y que manejan a su antojo los destinos del país.
La conclusión sobre este escándalo es que el tiempo borrará su huella y ninguno de los involucrados será investigado ni juzgado como lo dictamina la ley, porque en este país hay gente intocable y la historia lo ha demostrados con funcionarios que han burlado las leyes a pesar de su presunta participación en actos de corrupción.

Publicado: 09/agosto/2024